Con la anterior, primera parte parte de esta exposición, he querido poner de manifiesto que lo que a continuación expongo y propongo lo baso en la experiencia. Trato de hacer una exposición realista, desprendida de toda pasión y, claro está, anteponiendo los intereses colectivos y comunes a los de cualquier otros criterios, ya sean políticos o financieros.
Cuanto ocurre en la radio generalista española, incluso en la desgastada radio-fórmula, ya está siendo ampliamente comentado y documentado, pero no cuanto sucede en el ámbito de la radio local, esa que en el caso de Ibi, como en el de otras localidades, es, además, una radio pública, o sea, una emisora municipal.
La aparición de las emisoras municipales se produjo al amparo de una ley promulgada en 1991 aunque en más de 500 municipios, uno de ellos Ibi, ya venían emitiendo en FM. El Gobierno español, que posteriormente delegó estas competencias en las comunidades autónomas, otorgó las licencias administrativas para la legal ocupación del espacio radioeléctrico a mas de 600 emisoras municipales de FM en poco menos de un año.
La preceptiva concesión administrativa consiste, básicamente, en una licencia que acredita que determinada emisora responde a una serie de parámetros (frecuencia, potencia de emisión, potencia en antena, posición y la cota de elementos radiantes) que han sido previamente establecidos por los organismos competentes de la UE. Una vez constituida, siempre según la ley, el pleno del Ayuntamiento quedaría facultado para ejercer el control de las actuaciones de la entidad gestora de la emisora, que en el caso de Ibi es una sociedad limitada, velando por el respeto a una serie de principios recogidos en la misma ley como «el pluralismo político, religioso, social, cultural, linguístico, la protección de la salud y la infancia y el respeto a los valores de igualdad recogidos en la Constitución».
En el caso de Ibi, tal y como justifica la propia emisora municipal en su web, «la Emisora Municipal Radio Ibi inició su andadura el 8 de mayo de 1987, con la pretensión de ofrecer a los ciudadanos de la población una oferta radiofónica que, debido a la orografía de la zona, era difícil de otro modo», un argumento que las nuevas tecnologías han dejado obsoleto.
Pero mientras municipios como Ibi apostaron en su momento por una emisora municipal en toda regla, otros ayuntamientos, algunos muy próximos, miraron para otro lado mientras se consolidaban en sus territorios emisoras de FM alegales o ilegales, o sea, sin la obligatoria concesión administrativa, lo que nos les impide acudir a ellas cuando buscan propaganda. Al tiempo, la necesidad de explotar un mercado publicitario que en sus respectivos municipios siempre fue pequeño, estas emisoras no dudaron en expandir su oferta comercial al municipio de Ibi lo que ha perjudicado los intereses de la radio pública de nuestra localidad con una presunta competencia desleal consistente en prácticas comerciales más que agresivas, lesivas. Ninguna administración, ni la de Ibi ni la de los municipios en los que se emplazan estas emisoras fuera de la Ley, han hecho nada, que se sepa públicamente, por remediar una situación que beneficia, sobre todo, a promotores de empresas radiofónicas fuera de la normativa europea y por ende española.
Tampoco es muy alentadora la situación de nuestra radio pública. De no haber sido por los límites e impedimentos que marca la propia Ley, es más que probable que la emisora ya hubiera pasado a manos privadas. En un momento dado, la plantilla, que llegó a estar integrada por siete personas, quedó reducida a tan sólo tres. Por grandes que sean sus esfuerzos por mantener una oferta acorde con la condición de radio pública, poco más pueden hacer cuando, además, emplean parte de su tiempo en la grabación de anuncios que ocupan un tercio, o quizá más, del tiempo total de emisión. Cabe decir que la Ley contempló la posibilidad de emitir (y digo emitir, no producir) publicidad como fuente de financiación del servicio. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de anuncios, de su larga duración y de su acusada frecuencia de repetición, el erario destina anualmente más de cien mil euros a sostener la emisora. Es obvio que la gran cantidad de anuncios que emite a diario no repercute con notoriedad suficiente en el sostenimiento de una radio que, posiblemente influenciada por las malas prácticas comerciales de sus «competidoras», vende producción y emisión de anuncios por debajo de los sesenta céntimos de euro cada pase. No sólo regala la producción de anuncios, sino también los gastos correspondientes a Derechos de Autor ya que tampoco cobra nada por las músicas que se utilizan de fondo musical de los anuncios, o sea, «subvenciona», a costa del erario, actividades de índole comercial y mercantil.
Para finalizar esta 2ª parte (habrá una tercera y definitiva), una observación que se desprende de todo lo anterior: La Administración Local parece no demostrar mayor interés por un servicio público al que da la impresión que quisiera conducir hacia su «extinción». La radio local, con una oferta prácticamente invariable a lo largo de toda su existencia, ha renunciado a profundizar en la diversificación de espacios y programas de contenido, de entretenimiento o musicales con alguna mayor ambición que la de replicar a las radio-fórmulas. Las entrevistas a políticos y las de carácter comercial superan con mucho a las de divulgación de otros temas de actualidad o interés, asuntos que suelen ser tratados en comentarios sueltos de los locutores cuando, de manera informal, frivolizan entre ellos.
Estas son sólo algunas de las razones por las que, a falta de apoyo de una emisora pública sobre saturada de publicidad (además, de escasa calidad), proponemos, utilizando las nuevas tecnologías que lo facilitan y con la certeza de que conceptos ya socialmente aceptados como el de «Nueva Radio» lo propician, impulsar un proyecto colectivo como este. Ahora, tomemos la palabra.
